COMUNICADO DE LA AF: AMPLIACION DE PLANTILLA CARRERA FISCAL SOMOS MUCHOS Y MUY CAPACES
El pasado miércoles, 18 de febrero, publicó el Boletín Oficial de las Cortes Generales la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Disposición Adicional Primera de este texto contiene una previsión de creación de plazas de jueces para que los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma cuenten, al menos, con un juez o jueza de adscripción territorial por cada cien mil habitantes, señalando que el orden de adscripción a cada Tribunal Superior de Justicia se establecerá priorizando a las Comunidades Autónomas cuya ratio de jueces y juezas se encuentre más alejada de la media de la Unión Europea, garantizándose en todo caso la adecuación progresiva del conjunto de Comunidades Autónomas durante el plazo previsto.
Nada dice la Proposición respecto a las correlativas plazas de fiscales que son precisas, en coherencia con el anuncio hecho el 27 de enero y mediante nota de prensa difundida a los medios de comunicación por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado martes. Ese día tuvimos noticia de la intención de proceder a la creación de 500 nuevas plazas de jueces y magistrados mediante la tramitación de un Real Decreto que se encuentra en fase proyecto y, parece, que aún no ha sido elevado a Consejo de Ministros.
Se expone en el citado proyecto que la creación de tan importante número de plazas judiciales responde a necesidades estructurales y es posible gracias al nuevo modelo organizativo del sistema de justicia derivado la implantación de los Tribunales de Instancia diseñados en la Ley 1/2025, de 2 de enero de 2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, porque permite un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
Responde, en definitiva y conforme al texto del proyecto, a la obligación gubernamental de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes, de forma que se garantice a la ciudadanía la efectiva protección judicial de sus derechos contribuyendo, además, a una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos. Llama la atención que no se haya hecho la previsión con carácter previo a la entrada en vigor de la ley para evitar el caos generado.
Lo que no explica el proyecto es cómo se logrará tal objetivo sin contemplar un incremento paralelo de la plantilla del Ministerio Fiscal, cuya adecuación a las necesidades igualmente estructurales es también obligación del Gobierno, y desde luego no se compadece con el exponencial incremento de funciones encomendadas al Ministerio Fiscal y mucho menos con la idea de atribuir a este la instrucción penal.
Esta omisión da la medida exacta de lo cerca que se está de aprobar la reforma de la LECrim dando respuesta a otra necesidad estructural e inexcusable: hacer del Ministerio Fiscal el director de la instrucción y a los jueces, hoy llamados de instrucción, en verdaderos jueces de garantías.
Pero además este crecimiento asimétrico de dos operadores esenciales en el sistema de justicia, por usar las palabras del proyecto, como son jueces/magistrados y fiscales no redundará en beneficio del ciudadano, no se reforzará el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y no acortará la duración de los procedimientos judiciales.
Mantener lo contrario supone desconocer deliberadamente nuestro derecho procesal y la posición proactiva con que se dibuja al Ministerio Fiscal, principalmente mediante el ejercicio de la acción penal como única manera de articular el ius puniendi del Estado, pero también en defensa de los derechos de los ciudadanos, velando especialmente por aquellas personas y colectivos más vulnerables, garante de la legalidad y de la seguridad jurídica siempre.
Que el número de plazas de jueces sea de 500, al parecer, es el resultado de un estudio previo en el que se han tenido en cuenta, tal y como dice el proyecto, las cargas de trabajo de los órganos judiciales, las necesidades de incremento de la planta judicial evidenciadas en el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, así como de las explicitadas en las memorias de los Tribunales Superiores de Justicia e informes de las Comunidades Autónomas.
La omisión del Ministerio Fiscal en el proyecto de Real Decreto se completa con la nula referencia a las necesidades que se hubieran podido explicitar por la Fiscalía General del Estado, no ya dimensionando el impacto que la ley de eficiencia ha tenido en la organización y reparto de las mayores cargas trabajo de las Fiscalías territoriales que también, sino aún antes de la entrada en vigor de la citada norma y a la vista de criterios objetivos como el aumento de la litigiosidad, el incesante aumento de funciones atribuidas al Ministerio Fiscal, la potenciación del principio de especialización o cómo se traduce numéricamente en la plantilla del Ministerio Fiscal la asunción por este de la instrucción penal.
Abordar con decisión ese estudio es tarea inaplazable desde hace mucho tiempo.
Exigimos al Ministerio de Justicia una acción destinada a adecuar la plantilla del Ministerio Fiscal a las necesidades reales demandadas por una sociedad avanzada, lo que requiere una planificación coherente, que incluya también la tasa de reposición por posibles jubilaciones que llevamos reclamando desde hace años desde la AF y, sobre todo, una previsión en las convocatorias de oposición libre, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, para el acceso a la carrera Fiscal que, recordemos, es la única forma existente para cubrir las plazas que se creen.
Madrid a 23 de febrero de 2026.
Comision Ejecutiva de la AF.