En el Consejo Fiscal celebrado el pasado viernes estaban llamados los vocales a informar sobre la idoneidad de los muchos candidatos que optaban a un total de 19 plazas de libre designación. Se trata de ponderar los méritos y la capacidad de cada uno de ellos en atención a las funciones que lleva aparejada la plaza concreta a la que optan, valorando los conocimientos técnicos jurídicos atesorados durante la trayectoria profesional y evidenciados, no solo por el curriculum vitae, sino también por el quehacer diario que es igualmente medidor excepcional de la asunción de responsabilidades, del rigor y pulcritud con que se ejecutan, de lealtad a la Institución y a los principios que la rigen y no a meros intereses individuales, y expositor del modelo de Fiscalía que proyectan.
Ese informe, concebido como instrumento de asesoramiento del FGE en una de sus funciones más trascendentes en orden a la organización de las Fiscalías y con notable incidencia en el derecho a la promoción profesional de los Fiscales, se ha convertido en un mero trámite a cumplimentar solo formalmente. Basta con la convocatoria y celebración del oportuno Consejo Fiscal para que después el FGE haga la correspondiente propuesta de nombramiento aludiendo a aspectos alejados al mérito y la capacidad y de mera apreciación subjetiva, en ocasiones es la sintonía ideológica en otras la necesidad de aire fresco.
El viernes, la FGE tuvo la oportunidad de cambiar la política de nombramientos de sus dos inmediatos antecesores pero no lo hizo, y comunicó su decisión de proponer para las tres plazas de Fiscal de Sala Jefe de Sección Penal del Tribunal Supremo, plaza de la máxima categoría que implica la coordinación y dirección de los Fiscales de Sala adscritos a tales Secciones, ordenar el debate jurídico en torno a la interposición e impugnación de los recursos de casación y el estudio de cuantas cuestione jurídicas le sean planteadas por el FGE, a dos Fiscales sin experiencia previa en el Tribunal Supremo, que ningún mérito pudieron acreditar no ya en orden a las funciones que ahora les corresponden, tampoco en relación a las funciones de los Fiscales que tendrán que dirigir.
Se ha preferido premiar por los servicios prestados a quien integró la guardia pretoriana – junto a otros igualmente agraciados el pasado viernes- del anterior FGE antes que atender las reales necesidades de la Fiscalía y potenciar el prestigio de la Institución mediante la designación de Fiscales que ya ostentan la máxima categoría y que en su desempeño han dejado prueba de independencia, imparcialidad y excelencia jurídica.
La AF apoyó a Consuelo Madrigal y María Ángeles Garrido, ambas miembros de AF, y a Jaime Moreno, que no lo es. Sus nombres son sinónimo de prestigio jurídico y sus trayectorias profesionales doblan, cuando menos, a la de cualquier otro candidato, por ello, no será necesario insistir en la idoneidad de los tres.
No queremos cerrar este comunicado sin hacer una reflexión. El debate enriquece, permite conocer otras opciones, otras razones, nos fortalece. La madurez consiste en respetar a quien mantiene otro punto de vista. La discrepancia, sin duda, puede surgir tras un debate respetuoso, y es normal en cualquier colectivo. Nosotros no somos una excepción y no lo ocultamos.
En esta ocasión, la Comisión Ejecutiva discrepa de la postura adoptada por algunos de los vocales electivos de AF en relación a una de las plazas de Fiscal del Tribunal Supremo y el apoyo prestado a una candidata de menor antigüedad en comparación con otros peticionarios y, a la sazón, vocal del Consejo Fiscal por la lista de la Asociación de Fiscales, que además ha sido propuesta por la FGE.
Nuestra discrepancia es también coherencia. Y es que la misma exigencia sobre la valoración del mérito, capacidad y trayectoria profesional que hacemos valer ante cualquier nombramiento discrecional es lo que ponderamos en este caso. En el concurso discrecional se ofertaron tres plazas de Fiscal del Tribunal Supremo y concurrieron un total de 36 candidatos. El apoyo dado a quien ocupa el puesto 33 en detrimento de otros compañeros con mucha más experiencia y en destinos de la máxima exigencia profesional no se compadece con la defensa que la AF ha hecho siempre y seguirá haciendo de los principios que nos protegen a todos, más allá de la condición de asociado que tenga el candidato.
Un apunte más, para las otras dos plazas de Fiscal del Tribunal Supremo la propuesta de la FGE ha sido en favor de dos Fiscales con destino en la Secretaría Técnica, uno de ellos en el puesto número 35 y el otro en el 25 del listado de candidatos.
Hay cosas que se explican por sí solas y otras que precisan de una explicación.
Madrid, 2 de marzo de 2025
Comisión Ejecutiva de la AF