En el día de ayer el Ministerio de Justicia anunció la creación de 200 plazas de Fiscales. A través de distintos canales de comunicación, entre los que queremos destacar la página web de la Fiscalía General del Estado, se informa que esa cifra es el resultado numérico del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Fiscal General del Estado tras el encuentro mantenido con el titular del Ministerio durante la mañana.
La Asociación de Fiscales saluda favorablemente la iniciativa para el incremento de la plantilla del Ministerio Fiscal. Sin embargo, la misma forma de presentación de ese acuerdo y la parquedad de la información dada -limitada al número de plazas y al resultado de dos operaciones aritméticas, una suma para señalar que se pasará de 2.804 a 3.004 plazas, y el cálculo del porcentaje de incremento de plantilla que ello supone, el 7,1 %- es absolutamente insuficiente y no exenta de cierta puerilidad.
Es posible que haya alguien a quien la secular reclamación de incremento de plazas que viene haciendo la AF le suene a salmo responsorial y, por ello, entienda que arrojar una cifra sin mayor explicación de los criterios que han llevado a esa concreción numérica y de los que guiarán la distribución territorial de las plazas es más que suficiente.
Ante la satisfacción mostrada por la FGE y dado que las informaciones publicadas señalan que la distribución de las plazas de nueva creación se detallará en un real decreto que en los próximos días iniciará su tramitación, recogiendo las aportaciones de la Fiscalía, la AF pregunta:
¿Podemos, en definitiva, conocer los miembros del Ministerio Fiscal ese estudio, o cualquier otro, así como las previsiones con que trabaja el Ministerio de Justicia para saber a qué deficiencia, de las muchas que padecemos, se trata de poner solución con esas 200 plazas? El grado de satisfacción de la Carrera dependerá de la respuesta que se dé a todas estas cuestiones porque en esta materia, siendo importante el cuánto, lo es tanto o más el para qué.
¿Ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado un estudio serio y riguroso sobre las reales necesidades de la Fiscalía, atendiendo no solo a las deficiencias estructurales de la Carrera sino también al impacto derivado de: la Ley 1/2025, de 2 de enero de 2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia; de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la creación de una plaza de juez por cada 100.000 habitantes con omisión del Ministerio Fiscal; del incesante aumento de funciones atribuidas al Ministerio Fiscal; de la potenciación del principio
de especialización; de las cargas de trabajo soportados por los miembros del Ministerio Fiscal evidenciadas por la comisión de riesgos laborales; o de elementos tan naturales y comunes como la tasa de reposición?
¿Se refiere ese estudio, o cualquier otro, al número de compañeros que pasan meses en ese limbo administrativo llamado expectativa de destino? ¿Se dará preferencia, como sería lógico, a los mismos para consolidar un destino que les permita poner en marcha su vida personal suspendida por el BOE?
¿Se atiende en ese estudio, o en cualquier otro, a las necesidades de las Fiscalías territoriales que son las que directamente soportan las deficiencias de plantilla y las que tiene que responder al incremento exponencial de funciones del Ministerio Fiscal o se aprovechará la oportunidad para crear algún Fiscal de Sala más, con especialidad artificiosa o solapada, que refuerce el ya robusto bloque de Fiscales ideológicamente idóneos que forman parte de la Junta de Fiscales de Sala?
¿Esas 200 plazas de nueva creación son todas de la segunda categoría, conforme al compromiso asumido por el Ministerio de Justicia en tal sentido, o parte de ellas son de la tercera categoría cuya progresiva eliminación es base de aquel compromiso?
Madrid a 12 de marzo de 2026
Comisión Ejecutiva de la AF